El Consultorio Jurídico Feminista trabaja en Paraguay desde 2017. Ofrece orientación jurídica gratuita a mujeres, priorizando la escucha activa y el lenguaje claro.

Reportaje: Juliana Rodríguez

“Nuestra práctica parte de la escucha respetuosa”, explican desde el Consultorio Jurídico Feminista (CJF), asociación civil sin fines de lucro que funciona en Paraguay y que se dedica a la asistencia y orientación jurídica gratuita para mujeres. La frase sintetiza las acciones y la posición política que definen a sus integrantes desde el año 2017. Antes de asesorar, escuchan. Detrás de ese orden de prioridades hay un recorrido de aprendizaje y organización colectiva.

El CJF brinda orientación legal en todos los ámbitos del derecho (laboral, constitucional, civil) y aunque el 90% de los casos que acompañan son de violencia contra mujeres, trabajan con todas las consultas que reciben. Lo hacen a través de atenciones presenciales en espacios públicos y a través de una línea telefónica (WhatsApp y llamadas). También realizan consultorios itinerantes en lugares y fechas clave, enfocándose siempre en utilizar un lenguaje sencillo y comprensible.

“Para nosotras, sostener ambos espacios es muy importante. A través de la línea telefónica se amplía el acceso ya que la línea está disponible para todo el país. Pero los espacios presenciales nos conectan de una manera diferente con las mujeres y nos ayudan siempre a recordar por qué hacemos lo que hacemos”, cuentan Mirta Moragas y María José Duran Leite, integrantes del CJF.

Por un acompañamiento integral

El equipo está integrado por letradas y profesionales de las ciencias sociales. Ellas creen que la justicia no puede ser propiedad de abogados y abogadas. “En el camino de nuestra organización nos dimos cuenta de que necesitábamos otras miradas, que alguien más reflexionara con nosotras, que nos hiciera preguntas, que nos construyera, que nos diera una mirada política”, profundiza Mirta.

La decisión de contar con personas formadas en varias disciplinas se relaciona con el propósito central del CJF: la escucha y la empatía. “Estamos convencidas de que el abordaje y acompañamiento integral es la estrategia para generar procesos reales de reparación y empoderamiento”, sostienen.

Eso incluye, además, una decisión firme, que desde el CJF resumen así: “La persona que viene con un conflicto es la dueña del conflicto”. Ese principio fue fruto de un aprendizaje cotidiano.

“Nosotras aprendimos mucho más de las mujeres que recurren a nosotras que lo que ellas quizás aprendieron de nosotras”, analiza María José. Y amplía: “Nosotras no les decimos a quienes consultan lo que deben hacer. Lo primero que preguntamos es ‘¿Vos qué querés hacer, qué necesitás?’. Y a partir de eso ellas reflexionan, surgen las preocupaciones de cada una y construimos alternativas”.

Mirta agrega: “Hay una expectativa sobre lo que la sociedad entera quiere que haga la persona víctima de violencia, incluyendo la gente que le quiere. Entonces, cuando esa persona se aparta de ese lugar se cree que no entiende bien las cosas. No es así. Nosotras, de tanto escuchar, nos damos cuenta de que todas hacen su propia reflexión sobre qué pueden manejar en determinado momento”.

A partir de esa escucha activa, se brinda información acerca de posibles caminos, que no necesariamente desembocan en la vía legal. El compromiso del CJF es empoderar a las mujeres, brindándoles herramientas y aclarando cuáles son las responsabilidades institucionales, para que ellas mismas tomen una decisión.

“Muchas necesitan tiempo para reconocer lo que les pasa, nombrar lo que viven, animarse a denunciar o simplemente imaginarse una salida. Nosotras no imponemos las salidas ni las respuestas. Lo que nos importa es sostener un espacio seguro para ellas, al que puedan recurrir las veces que necesiten ser escuchadas”, agregan.

La organización no litiga, decisión tomada por dos motivos. El primero: consideran que esa es responsabilidad del Estado. “Nuestra apuesta es contribuir a la formación cívica de las personas, que conozcan sus derechos y, a partir de eso, exijan al Estado, cuyas estructuras e instituciones son las que tienen que dar respuesta”, explica María José.

El segundo motivo es práctico. “En un trimestre atendimos unos 80 casos por vía telefónica y presencial. ¿Cuántos de esos podríamos litigar con este equipo?”, plantea Mirta. Hoy el CJF está integrado por siete personas, una estructura limitada para afrontar los procesos, tiempos y gastos de los litigios.

El registro de esos casos permite al CJF elaborar conclusiones y materiales respecto a cuáles son los obstáculos más frecuentes en el abordaje institucional de la violencia de género en Paraguay.

Conocer y reconocer derechos

Las acciones de asesoría jurídica del CJF están actualmente apoyadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del programa de cooperación “Mejora de la Prevención y Atención de la Violencia contra Mujeres en Paraguay”, cofinanciado por la Unión Europea y la AECID e implementado por el Fondo de Mujeres del Sur.

En los primeros seis meses del programa, el CJF ha atendido más de 160 consultas, entre telefónicas y presenciales. Sin embargo, el consultorio valora el impacto de sus acciones no solo por el volumen de casos sino, sobre todo, por la calidad del intercambio que se establece y el sentido transformador del acompañamiento jurídico feminista.

En su experiencia, el conocimiento que tienen las mujeres paraguayas sobre sus derechos es desigual. “Paraguay en general tiene un problema de educación cívica y eso tiene un impacto diferenciado en las mujeres, especialmente aquellas que están en una situación de violencia”, observan.

También detectan diferencias entre zonas urbanas y rurales. Si bien en zonas urbanas hay mayor acceso a la información, ello no siempre se traduce en mejor acceso a servicios. Advierten, además, un factor importante de desconfianza en las instituciones.

En las zonas rurales, por otra parte, notan que todavía se manejan mucho por la transmisión oral o lo que conocen de experiencias cercanas. Allí, al desconocimiento y al miedo se suman problemas estructurales como las distancias y la ausencia de instituciones en los territorios.

Las diferencias generacionales también surgen en las consultas. “Las mujeres más jóvenes tienen mayor acceso a información pero se enfrentan a nuevas formas de violencia, por ejemplo en entornos digitales. Las mujeres mayores, en cambio, se enfrentan más a situaciones de violencias naturalizadas durante décadas”, señalan.

El canal de comunicación influye en el tipo de consulta. La línea telefónica, por lo general, habilita contactos exploratorios: mujeres que llaman o escriben para contar cómo se sienten y no saben si lo que viven es violencia, o que buscan orientación inicial. El anonimato ayuda a romper el silencio.

En cambio, en las atenciones presenciales suelen llegar mujeres con procesos más avanzados. Muchas de ellas ya recurrieron a todas las instancias y se acercan buscando alguna orientación que las ayude a destrabar sus procesos.

En territorios, deben ser cuidadosas y responsables con la estrategia que desarrollan. “Hay prioridades para lograr que la acción sea eficiente sin exponer ni a las personas que acuden ni a nuestras compañeras líderes comunitarias, para poder volver a esos lugares y dar continuidad”, agrega Mirta.

El aprendizaje también implicó reconocer la necesidad de autocuidado dentro de la propia organización, en roles en los que es posible caer en ansiedad y desgaste. Eso las llevó a definir un horario de atención de la línea telefónica y acciones para asegurar la continuidad del proyecto. Hoy, priorizan las estrategias posibles, en el marco de sus limitaciones materiales.

“Somos muy conscientes de la dificultad de la sostenibilidad de un trabajo como este si tuviéramos otro modelo. Nosotras queremos ser sostenibles, queremos seguir existiendo”, cierra Mirta.