Por Natalia Milisenda
Coordinadora de los Programas: Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo y Redes y Alianzas Libres de Violencias (Redal)
En estos últimos años, el avance de los derechos de las personas LGBTI se encuentra en un marco tensión entre avances y retrocesos. A nivel internacional, los organismos de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), han afirmado el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI como Derechos Humanos a través de distintos documentos y resoluciones. Asimismo, en Argentina y Uruguay se ha logrado la aprobación de leyes y la ejecución de políticas públicas de reconocimiento de derechos a las personas LGBTI.
Sin embargo, el reconocimiento de derechos viene acompañado por el crecimiento y fortalecimiento de distintos grupos anti-derechos, que se oponen a estos logros. Estos grupos han tomado una mayor relevancia y participación en los organismos internacionales de Derechos Humanos, así como en las políticas internas de los Estados. A su vez, este contexto se complejiza por el viraje de gobiernos progresistas a neoliberales, que provoca que los derechos conquistados vuelvan a tambalear.
En particular, interesa resaltar la situación de Paraguay, que está atravesando un complejo panorama. A nivel legislativo no cuenta con una Ley de protección contra la discriminación. Entre 2014 y 2015 las organizaciones articuladas en la Red Contra Toda Forma de Discriminación[1] presentaron el proyecto de ley contra la discriminación en el Senado de la Nación que fue descartado con el argumento de que se alentaba a la homosexualidad[2].
Por otro lado, en diciembre de 2016 el Congreso paraguayo aprobó la Ley de Protección integral para mujeres contra toda forma de violencia, aunque se excluyó explícitamente “la palabra género, al igual que toda mención a las mujeres trans, como concesión a grupos anti derecho que consideran que el enfoque de género es una ‘ideología de género’, mezclando emotiva y falsamente elementos que generan temor en la población, y no tienen que ver con la categoría científica género”[3].
Asimismo, en el año 2017 por resolución del Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay (MEC) se prohibió la difusión en escuelas de materiales que se refieran a “teoría y/o ideología de género”. Esta resolución surgió como producto de una audiencia pública llevada a cabo el día 5 de octubre de 2017 en la Cámara de Diputados, donde se debatió sobre la “ideología de género”. En esta oportunidad, el Ministro de Educación, Enrique Riera, manifestó que “nosotros como Ministerio de Educación, no podemos, no vamos a promover la ideología de género, no podemos promover ninguna ideología, ni de política, ni de deporte. La Constitución Nacional, nos fija límites y el artículo 52 habla claramente que el matrimonio se da entre el hombre y la mujer, dentro de los valores tradicionales de la familia.”[4].
A partir de esta resolución, organizaciones LGBTI, feministas y de Derechos Humanos conformaron una articulación denominada Igualdad de Género SI, como forma de resistencia, para promover la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas paraguayas. El gobierno paraguayo está asumiendo una posición de liderazgo en la representación de los grupos anti-derechos en los organismos internacionales de Derechos Humanos, para oponerse al avance de los derechos de las personas LGBTI[5]. Así, en la última Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), Paraguay en conjunto con otros países centroamericanos, resistieron la incorporación de la condena a la discriminación por orientación sexual e identidad de género, así como la promoción de políticas públicas en consonancia con estos principios.
En Argentina, a pesar de los avances legislativos, el acceso a los derechos reconocidos todavía está pendiente en muchas provincias, por resistencias ideológicas y presupuestarias. Paralelamente, los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género han ido en aumento. En 2016 se han registrado más crímenes que en 2015, y los travesticidios ocupan el lugar principal. Al carecer de estadísticas públicas, estos registros se llevan a cabo a partir de los casos publicados en los medios, por lo que se estima que la cifra se puede duplicar o triplicar[6]. El 24 de noviembre de 2017, el movimiento travesti-trans convocó a un #Gritazo para declarar el estado de emergencia del colectivo por la violencia sistemática y en aumento contra el colectivo[7].
En este contexto, el Ministerio de Defensa de la Nación de Argentina elaboró un Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T., que se publicó días antes de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires[8].
Mientras tanto, en Uruguay, se dieron importantes avances en los derechos de las personas LGBTI y en el diseño e implementación de políticas públicas con un rol activo del Estado y la sociedad civil. Sin embargo, sectores anti-derechos lograron poner freno a la iniciativa de elaborar una guía sobre diversidad sexual y género para docentes, que se había impulsado en el área de la Educación Pública, desde el Consejo Directivo Central (Codicen), en colaboración con la organización Ovejas Negras y el Ministerio de Desarrollo Social de ese país. En 2014, luego de que fuera publicada, el Codicen frenó la distribución de la guía y creó una comisión para su revisión y reelaboración. Hasta el día de hoy, la publicación se encuentra paralizada.
En este contexto donde el avance en el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI es cuestionado, donde los grupos anti-derechos se fortalecen, insertándose en ámbitos estatales y en organismos internacionales de Derechos Humanos, resulta de importancia clave la resistencia y la articulación de las organizaciones de la sociedad civil, con el Estado. El programa Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo permite el encuentro, la articulación y la implementación de acciones conjuntas de organizaciones LGBTI de Argentina, Paraguay y Uruguay, fortaleciendo a quienes defienden sus derechos en contextos cada día más complejos.
[1] Se puede consultar el proyecto de ley elaborado por la Red Contra Toda Forma de Discriminación en el siguiente link: http://www.unfpa.org.py/nodiscriminacion/anteproyecto_de_Ley_contra_Toda_Forma_de_Discriminacion.pdf (Visitada 06/12/2017)
[2] http://www.paraguay.com/nacionales/presentan-nuevo-proyecto-de-ley-contra-discriminacion-136816 (Visitada 06/12/2017)
[3] Informe Sombra Paraguay 2017. http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/PRY/INT_CEDAW_NGO_PRY_29092_S.pdf (Visitada 06/12/2017)
[4] Ver el resumen de la Audiencia Pública en el siguiente link: http://www.diputados.gov.py/ww5/index.php/noticias/solicitan-retiro-de-materiales-didacticos-sobre-ideologia-de-genero (Visitada 06/12/2017)
[5] http://agenciapresentes.org/2017/06/22/asamblea-oea-paraguay-asume-rol-activo-derechos-lgtbi/ (Visitada 06/12/2017)
http://somosgay.org/infonoticias/infodetalle/gaylatino-expresa-preocupacion-ante-la-avanzada-fundamentalista-en-la-oea (Visitada 06/12/2017)
[6] http://agenciapresentes.org/2016/12/28/argentina-grave-aumento-los-travesticidios-2016/ (Visitada 06/12/2017)
[7] http://agenciapresentes.org/2016/11/25/gritazo-declara-estado-emergencia-trans/ (Visitada 06/12/2017)
[8] https://www.pagina12.com.ar/72676-un-protocolo-para-reprimir-a-la-comunidad-lgbt (Visitada 06/12/2017)