“Frente a las falsas soluciones, nos preguntamos: ¿Cuáles son las verdaderas necesidades de las poblaciones?, ¿será que las mujeres están pidiendo turbinas, baterías, transgénicos?”. Compartimos la intervención de Ángela Cuenca del Colectivo Casa (Bolivia) en el panel La resistencia de las defensoras ambientales en América del Sur y las claves del financiamiento feminista, organizado por el Fondo de Mujeres del Sur (FMS) en la CSW66.
Muy buenas tardes a todas y todos. Aprovecho para saludar a todas las compañeras que me han antecedido, realmente inspiradoras las luchas de cada una.
Quiero reflejar un poquito el contexto en el que estamos viviendo, para poder hablar de las luchas y las resistencias de las mujeres en América Latina y, en particular, de la experiencia en Bolivia.
Primero, quiero señalar que la crisis climática desatada por este sistema económico, político, extractivista, capitalista, patriarcal y criminal se basa en la extracción desenfrenada de nuestros recursos naturales.
Se está mercantilizando la vida, no se están respetando los derechos de las mujeres y los derechos de la madre tierra. Es un sistema que genera violencia sobre los cuerpos y los territorios, con impactos diferenciados en las mujeres.
Ya contaban las compañeras Rosalba Gómez y Luciana Fernández casos en los que algunas actividades que pretenden explotar, extraer nuestros recursos naturales, no toman en cuenta el impacto que causan en nuestras condiciones de vida, fundamentalmente en el acceso al agua. Sin agua, no hay vida; sin agua, no hay absolutamente nada.
Pero me gustaría agregar que este sistema patriarcal pretende invisibilizar los roles productivos y reproductivos de las mujeres. No toma en cuenta que somos las mujeres quienes sostenemos la vida, y que hay una fuerte relación de interdependencia entre la naturaleza y las poblaciones.
Los gobiernos están aprovechándose del término “justicia climática”, que se ha puesto tan de moda. Lo están usando para profundizar prácticas depredadoras. Están invirtiendo en falsas soluciones. Como las represas mega hidroeléctricas, que aportan gran cantidad de gases de efecto invernadero y traen como consecuencia desalojos forzados de las poblaciones indígenas, inundaciones. Si bien generan energía, esa energía no es para las poblaciones sino para exportar a otros países.
Otra falsa solución es la producción de biocombustibles. Están deforestando bosques, ampliando la frontera agrícola, implantando monocultivos a costa de los pueblos indígenas. En el caso de Bolivia, por ejemplo, pese a que la Constitución Política del Estado prohíbe el uso de transgénicos, se están promoviendo otro tipo de leyes para facilitar su producción.
La fabricación de turbinas para la energía eólica, una solución falsa más. Están extrayendo los minerales de los territorios, generando contaminación y vulnerando los derechos.
Miren, yo les hablo desde la parte altiplánica de Bolivia, donde tenemos minería desde la época de la colonia. Ahora, a título de la pandemia, a título de la reactivación económica y, también, a título de la justicia climática y la transformación energética, hay un ingreso masivo a los territorios para la explotación de minerales, y no se respetan los derechos de los pueblos indígenas. No están respetando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la consulta previa, la libre determinación que tienen los pueblos. O bien, si hacen la consulta previa, luego se amparan en otras leyes, como la Ley Minera. Se hace una consulta, pero quien toma la decisión final es el Ministerio de Minería. Entonces, qué sentido tiene hacer consulta a los pueblos si sabemos que el Ministerio de Minería va a apoyar a los mineros, ¿no?
También, como señalaba Luciana Fernández (Antofagasta por el Agua y los Salares), es muy importante hablar de la explotación del litio. En Bolivia tenemos un salar pequeñito, además del salar de Uyuni. Sabemos que hablar de litio es hablar de explotación del agua, de extracción masiva del agua, es terrible. Todo esto lleva a una vulneración de derechos, pero también a una forma de violencia medioambiental contra las mujeres.
Frente a las falsas soluciones, nos preguntamos: ¿Cuáles son las verdaderas necesidades de las poblaciones?, ¿será que las mujeres están pidiendo turbinas, están pidiendo que haya baterías para las movilidades eléctricas, están pidiendo transgénicos?
Hoy, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, vengo de una marcha masiva con hermanos y hermanas de las comunidades, en la cual la principal demanda al Estado es una ley de aguas que garantice el agua para la vida, no para actividades extractivas. Sabemos que el agua es la conexión con los derechos: si hay agua, hay salud, trabajo, economía, producción. Pero en esta zona hay comunidades que viven con una hora de agua a la semana. Muchas veces, cuando llega gente de otros lugares se preguntan: ¿cómo viven con una hora de agua a la semana? Las mujeres tienen que rebuscárselas, ir a buscar de donde sea, o venir a la ciudad con sus bidones.
Es necesario que se pueda invertir en la recuperación de los ríos, en la recuperación de los lagos, que se pueda proteger las aguas dulces que tenemos, y que se respeten los derechos de las mujeres.
Las luchas y las resistencias que impulsamos no son solo por nuestro territorio. Estamos defendiendo nuestros derechos, la resistencia al despojo, a la sobreexplotación de los recursos naturales y a las formas invisibilizadas de violencia. A veces, pensamos que la violencia es solo física, pero hay una forma de violencia económica que nos está dañando hasta en la forma de participar, de expresarnos, porque las mujeres estamos siendo calladas.
Y aquí hablamos de nuevo de la justicia climática y la resistencia a la adaptación, porque no podemos entender que la adaptación sea una forma de resignarnos a vivir con las consecuencias de la crisis climática.
Resistimos a la falsa culpabilidad que se quiere imponer en las poblaciones por el uso del agua o por la generación de residuos sólidos, cuando son las grandes empresas y corporaciones multinacionales quienes están contaminando.
En la campaña Las mujeres somos agua, impulsada por la alianza GAGGA*, se muestra cómo empresas multinacionales, con toda la facilidad de las leyes, pueden utilizar la cantidad de agua que les dé la gana, pero las comunidades tienen que estar pagando hasta el poquito de agua que tienen.
Entonces, ¿de qué clase de justicia estamos hablando? El trabajo que articulamos con la alianza GAGGA, entre comunidades, organizaciones y fondos feministas, se funda justamente en promover la justicia climática con la justicia de género.
Hace un ratito comentaba que estábamos acompañado a la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, que son compañeras de comunidades afectadas por la minería. Para las mujeres, la lucha es doble: por un lado, para que se las escuche, tener mayor representación incluso al interior de sus comunidades; por otro, frente al despojo, la explotación, las grandes transnacionales que están siendo respaldadas por los gobiernos.
Estamos denunciando la violencia medioambiental, esta violencia física y emocional que llega con el extractivismo. Lo hacemos con acciones no violentas, con una marcha, con mitines, documentando las violaciones; estamos reapropiándonos de los espacios que pretenden ser despojados, realizando forestación con especies autóctonas, que es fundamental, porque si no, a título de justicia climática, nos traen arbolitos, nos traen plantas que ni siquiera son de la zona.
Y como decía la compañera de la Chiquitanía (Nancy Cachambi), si no están nuestras plantas, si no están nuestros árboles, si no está nuestra naturaleza, la que nos han dejado nuestros ancestros, pues también nos están quitando nuestra cultura, también nos están quitando incluso nuestro botiquín medicinal.
Necesitamos seguir fortaleciendo estas luchas, estas resistencias, seguir fortaleciéndonos como mujeres; haciendo respetar nuestros derechos, nuestras voces, nuestros sentires.
Estamos recuperando los conocimientos ancestrales de la siembra, de la cosecha del agua, estamos apoyándonos entre mujeres en el trabajo agrícola, con intercambios de semillas, aportando a la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos, manteniendo nuestros rituales, el agradecimiento a la madre tierra por los frutos que nos da, y que también hacen a la autonomía económica de las mujeres.
Quiero terminar con una frasecita que nos decían las compañeras de Centroamérica, hablando justamente de qué entendemos por la justicia climática. Ellas nos decían: «La justicia climática para nosotras es respetar los derechos de la naturaleza, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos en la búsqueda del equilibrio y armonía para cuidar la red de la vida. Es necesario retomar las miradas y las propuestas desde las mujeres y la defensa del territorio-cuerpo, que contribuyan a una visión de comunidad y colectividad en la cual se da y se recibe respeto, porque si no, no hay justicia climática, No va a haber justicia climática si no hay justicia de género».
Muchas gracias, compañeras.
* Alianza Global por la Acción Verde y de Género (GAGGA, por sus siglas en inglés).